lunes, 6 de mayo de 2013

¿Abrir la puerta a la Inquisición?

Cómo detectar y manejar los casos de profesionales médicos incapacitados.

TORQUEMADA
Acabo de leer una insólita propuesta de los doctores Pham, Pronovost y Skipper que me ha pillado tan de sorpresa que se me han paralizado los flujos del cerebro y me he quedado sin una respuesta racional a mano que pueda esgrimir como opinión propia al respecto. En otras palabras, que no he sido capaz de tomar una postura clara a favor o en contra de lo que dicen, al no encontrar un firme estable en el que apoyar con cierta seguridad el pie, o siquiera la puntilla, de mis dubitativos razonamientos. 

Su planteamiento es, por otro lado, sencillo pero contundente y enérgico: si en otros sectores, como el de la aviación, los camioneros, los militares, etc, está establecida como una rutina perfectamente aceptada el que se realicen análisis de sangre u orina para determinar la presencia de alcohol, narcóticos, sedantes o cualquier otra droga en las personas que se ven involucradas en un accidente o incluso en errores importantes, aunque no hayan llegado a producir daño, ¿por qué no se hace también lo mismo con los profesionales sanitarios envueltos en algún evento adverso grave o en aquellos sucesos clasificados como "centinela" por su especial singularidad o terribles consecuencias?. Y ahí ya se me ha empezado a quedar petrificado el cerebro: sí, realmente, ¿por qué aquí no?. Tampoco logro encontrar un argumento claro que lo justifique, salvo quizá que para cuando se consolida la noticia de que ha ocurrido uno de esos eventos en el mundo sanitario ha podido transcurrir ya bastante tiempo (y la situación basal de las personas implicadas haber variado sustancialmente), mientras que si se accidenta un avión se enteran al siguiente minuto hasta en el otro extremo del mundo. El grupo de Pronovost argumenta que es porque el mundo sanitario, confiado al gobierno de la profesión, de los colegios profesionales, está poco regulado legalmente en comparación con esos otros sectores y porque en ese mundo de profesionales, solo es admitida la revisión por otros colegas (revisión por pares) como mecanismo para detectar las desviaciones o incapacidades para la buena práctica.

Pero es que todavía van más allá, ¿por qué no se podría regular la realización de controles del consumo de esas substancias al firmar el contrato de trabajo y luego de forma periódica al azar entre el personal sanitario?. Algo así como los controles sorpresa anti-doping que hacen a los deportistas. Y aquí ya se me han empezado a encoger un poco las tripas ¿Realmente es necesario llegar a eso?. ¿Hemos de propiciar la entrada de la Inquisición en la honorabilidad de todos por el hipotético "pecado" de unos pocos?. Algo interior, visceral, intuitivo, me llama desde luego a revelarme contra esto. Cierto que proponen como condición "sine qua non" la existencia previa de garantías  absolutas de la más estricta confidencialidad, posibilidad de alegación y contra-análisis, programas de rehabilitación, etc, pero en un país como el nuestro, donde los programas de cotilleo baten records de audiencia, me río yo de estas garantías. 

Sin embargo, tampoco podemos ponernos la venda en los ojos. El problema existe. A lo largo de nuestra vida profesional seguro que la mayoría hemos conocido algún caso concreto de profesionales adictos al alcohol (no hablo ya del consumo de otro tipo de sustancias que pueden pasar más desapercibidas) o con algún desequilibrio mental manifiesto y, sin saber que hacer, hemos mirado horrorizados y cobardes para otro lado. ¿Pero qué hacer en estos casos?. ¿Tiene el sistema algún mecanismo para poder actuar de forma preventiva y segura para todos en situaciones semejantes?. Yo creo que no. Y ahí es donde la propuesta de Pham, Pronovost y Skipper encuentra su base y fundamento y donde a mi se me hacen nudos y hasta ovillos las neuronas; porque, por un lado, mi intuición, mi instinto me llama a la rebelión contra esa medida inquisitorial generalizada, por mucho cuidado que se tenga luego a la hora de proteger los derechos, privacidad y autonomía de las personas; pero, por otro, no soy capaz de dar con una alternativa razonable. ¿Está en nuestro deber deontológico denunciar situaciones personales de otros colegas que creemos peligrosas para los pacientes?. Y no solo en el caso de consumo de substancias psicotrópicas, sino también en el de alteraciones psiquiátricas, manifiesta impericia o falta de preparación. Es posible que sí, pero también esto tiene sus peligros y la realidad es que en nuestra cultura, donde la delación es vista como la más despreciable de las conductas sociales, todo el mundo suele darse la vuelta y esperar a que un error manifiesto desate las alarmas por sí mismo.

¿Alguien tiene una solución a mano?. 


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