El debate público/privado en el barómetro sanitario:
En conjunto, la satisfacción del ciudadano es buena. La nota con la que califica su experiencia con el sistema no llega al notable (6,59 sobre 10) pero se acerca. La gran mayoría (73,1%) opina
que funciona bien o bastante bien y solo un 4,2 % piensa que debería cambiarse
radicalmente. Por este lado parece, por tanto, que no tendríamos que preocuparnos. Hasta llegar a matrícula hay todavía bastante trecho por recorrer, pero la materia es lo suficientemente difícil y compleja como para despreciar o minusvalorar la importancia de ese resultado.
No hay tanto acuerdo sobre si la descentralización de la gestión a las CCAA ha sido una buena idea: el 27,1% dice que con las transferencias el sistema es mejor, pero un 36,9 % que es peor. Una apreciación bipolar que ha invertido su tendencia y se ha hecho menos extrema desde la crisis de 2008 (en ese año para el 30,0% la descentralización era mejor y solo para el 9,7% era peor). Me da en la nariz que el miedo a quedarse sin fondos a nivel autonómico para sostener unos servicios que se consideran vitales ha jugado algún papel en este cambio de filias y fobias. Ya se sabe que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Un dato muy destacable es que los ciudadanos, cuando se les da a elegir libremente, prefieren mayoritariamente los centros públicos a los privados en todos los niveles asistenciales (atención primaria, atención especializada, hospitalización y urgencias). Las diferencias son más notables en el caso de los servicios de atención primaria (un 63,4% elegiría público frente a un 28,6% que escogería privado), hospitalización (59,6% frente a 32,3%) y servicios de urgencias (59,4% frente a 31,6%) y un poco menos llamativas en el caso de las consultas de atención especializada (49,5% frente a 41,6%). Quizá en este último caso, las demoras y tiempo de espera hasta ser atendido (¿cuándo nos quitaremos ese lastre?) jueguen en contra de lo público, aunque para lo habitual, lo urgente y lo complejo parece que las personas lo tienen bastante claro.
Otra curiosidad del barómetro sanitario son las respuestas que dan los ciudadanos a una hipotética elección entre público y privado teniendo en cuenta una única característica en ambos sistemas de provisión. Así, cuando se les da a elegir en función de la tecnología sanitaria disponible, la mayoría se decantaría por los centros públicos (66,8% frente a 23,8%); también cuando tienen que decidir en función de la capacitación de los médicos (60,1% frente a 20,1%); del personal de enfermería (59,7% frente al 19,6%) o de la información facilitada a los pacientes y familiares (48,4% frente a 32,9%). La cosa se equilibra cuando se les pide tener en cuenta el trato personal que esperan recibir (44,5% público frente a 40,2% privado) y se decidirían con claridad por los centros privados si tuvieran que tener exclusivamente en cuenta la rapidez de respuesta (33,3% púbico frente a 60,7% privado) y el confort (38,8% público frente a 51,0% privado).
Y ahí está claramente dibujadas las fortalezas y debilidades de ambos sistemas: el público con acceso a más recursos tecnológicos para afrontar cualquier problema de salud, mejor capacitación del personal, mejor comunicación y un trato personal adecuado y el privado con mejores instalaciones y unos mejores tiempos de respuesta.
No quiero echar más leña al fuego, pero claro, tanto las instalaciones como los tiempos de respuesta dependen claramente del volumen de gente que hay que atender, de la demanda (cuanto mayor es ésta las instalaciones se hacen más pequeñas, se deterioran más por el uso y más difícil es atender a todos en el momento oportuno). Y en economía ya se sabe cuál es el principal factor regulador de la demanda: el precio. No se puede competir con los sistemas privados en estos dos factores porque los sistemas públicos carecen de esa llave reguladora de la demanda, aunque algunos quieren incorporarla (copago) desde hace algún tiempo por encima de otros valores de mayor calado social, como el de la equidad.
En resumen, y aunque todo es mejorable, creo que los ciudadanos tienen una buena opinión de nuestro sistema sanitario y la mayoría muestran una gran confianza y se decantan a favor del modelo de provisión público. Ciertamente que en el barómetro no opinan sobre los regímenes para gestionar esos sistemas de provisión pública (cooperativas, concesiones, fundaciones, empresas privadas, etc), pero sí que aprecian en lo público detalles (recursos, tecnología disponible, capacitación del personal, etc) que pueden verse afectados por esos otros modelos privados que ahora quieren injertarnos aprovechando la sabia sustanciosa que se ha generado en todos estos años de conformación del sistema.
Sustanciosa y cargada de euros, para solaz y provecho de oportunistas y codiciosos.
No hay tanto acuerdo sobre si la descentralización de la gestión a las CCAA ha sido una buena idea: el 27,1% dice que con las transferencias el sistema es mejor, pero un 36,9 % que es peor. Una apreciación bipolar que ha invertido su tendencia y se ha hecho menos extrema desde la crisis de 2008 (en ese año para el 30,0% la descentralización era mejor y solo para el 9,7% era peor). Me da en la nariz que el miedo a quedarse sin fondos a nivel autonómico para sostener unos servicios que se consideran vitales ha jugado algún papel en este cambio de filias y fobias. Ya se sabe que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Un dato muy destacable es que los ciudadanos, cuando se les da a elegir libremente, prefieren mayoritariamente los centros públicos a los privados en todos los niveles asistenciales (atención primaria, atención especializada, hospitalización y urgencias). Las diferencias son más notables en el caso de los servicios de atención primaria (un 63,4% elegiría público frente a un 28,6% que escogería privado), hospitalización (59,6% frente a 32,3%) y servicios de urgencias (59,4% frente a 31,6%) y un poco menos llamativas en el caso de las consultas de atención especializada (49,5% frente a 41,6%). Quizá en este último caso, las demoras y tiempo de espera hasta ser atendido (¿cuándo nos quitaremos ese lastre?) jueguen en contra de lo público, aunque para lo habitual, lo urgente y lo complejo parece que las personas lo tienen bastante claro.
Otra curiosidad del barómetro sanitario son las respuestas que dan los ciudadanos a una hipotética elección entre público y privado teniendo en cuenta una única característica en ambos sistemas de provisión. Así, cuando se les da a elegir en función de la tecnología sanitaria disponible, la mayoría se decantaría por los centros públicos (66,8% frente a 23,8%); también cuando tienen que decidir en función de la capacitación de los médicos (60,1% frente a 20,1%); del personal de enfermería (59,7% frente al 19,6%) o de la información facilitada a los pacientes y familiares (48,4% frente a 32,9%). La cosa se equilibra cuando se les pide tener en cuenta el trato personal que esperan recibir (44,5% público frente a 40,2% privado) y se decidirían con claridad por los centros privados si tuvieran que tener exclusivamente en cuenta la rapidez de respuesta (33,3% púbico frente a 60,7% privado) y el confort (38,8% público frente a 51,0% privado).
Y ahí está claramente dibujadas las fortalezas y debilidades de ambos sistemas: el público con acceso a más recursos tecnológicos para afrontar cualquier problema de salud, mejor capacitación del personal, mejor comunicación y un trato personal adecuado y el privado con mejores instalaciones y unos mejores tiempos de respuesta.
No quiero echar más leña al fuego, pero claro, tanto las instalaciones como los tiempos de respuesta dependen claramente del volumen de gente que hay que atender, de la demanda (cuanto mayor es ésta las instalaciones se hacen más pequeñas, se deterioran más por el uso y más difícil es atender a todos en el momento oportuno). Y en economía ya se sabe cuál es el principal factor regulador de la demanda: el precio. No se puede competir con los sistemas privados en estos dos factores porque los sistemas públicos carecen de esa llave reguladora de la demanda, aunque algunos quieren incorporarla (copago) desde hace algún tiempo por encima de otros valores de mayor calado social, como el de la equidad.
En resumen, y aunque todo es mejorable, creo que los ciudadanos tienen una buena opinión de nuestro sistema sanitario y la mayoría muestran una gran confianza y se decantan a favor del modelo de provisión público. Ciertamente que en el barómetro no opinan sobre los regímenes para gestionar esos sistemas de provisión pública (cooperativas, concesiones, fundaciones, empresas privadas, etc), pero sí que aprecian en lo público detalles (recursos, tecnología disponible, capacitación del personal, etc) que pueden verse afectados por esos otros modelos privados que ahora quieren injertarnos aprovechando la sabia sustanciosa que se ha generado en todos estos años de conformación del sistema.
Sustanciosa y cargada de euros, para solaz y provecho de oportunistas y codiciosos.
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